Corrupción urbanística
El fiscal jefe de Ávila ha pedido imputar a la vicepresidenta de Castilla y León por corrupción en el macro-proyecto de urbanización Ciudad del Golf en la localidad abulense de Las Navas del Marqués.
Sábado 18 de octubre de 2008 ·
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EL FISCAL PIDE IMPUTAR A LA VICEPRESIDENTA DE CASTILLA Y LEÓN POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
El Ministerio Público considera que María Jesús Ruiz firmó la declaración de impacto ambiental de la Ciudad del Golf, bloqueada por la Justicia
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha pedido imputar a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, por el escándalo de corrupción de Las Navas del Marqués. El fiscal considera que Ruiz, que cuando se aprobó la urbanización en el pinar protegido era consejera de Medio Ambiente, le aseguró al alcalde que la urbanización saldría adelante y fue la que firmó la declaración de impacto ambiental.
En su escrito el fiscal pide que se abra una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia y que le tome declaración como imputada, ya que Ruiz es aforada. Junta a ella hay imputados en la causa el alcalde, Gerardo Pérez, del PP, el ex director de Medio Natural Mariano Torre, el ex presidente de la Diputación, el promotor de la urbanización, Francisco Gómez, alias El Paloma, y otros 14 técnicos que participaron en la aprobación de la urbanización.
La Junta, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación, todos del PP, crearon en 2000 una sociedad pública para "proteger el monte". Compraron a la empresa Unión Resinera un enorme pinar y recalificaron parte. La empresa pública pactó con un promotor la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués.
Antes de iniciar los trámites ambientales pactaron con él que podría construir en unas 200 hectáreas de pinar y talar más de 35.000 pinos. Parte de la llamada Ciudad del Golf estaba prevista en un área crítica para al cigüeña negra, una especie en extinción.
La justicia investiga si ese pacto previo fue un acto de prevaricación, ya que incluso se comprometieron a indemnizar a El Paloma si los técnicos frenaban la urbanización. Pese a que el Tribunal Superior de Castilla y León declaró ilegal la urbanización en 2006, el constructor, Francisco Gómez, alias El Paloma, comenzó a talar el pinar hasta que la fiscalía de Medio ambiente paró.
Fuente: ELPAÍS.com. 17 de Octubre de 2008