Castilla y León: vía libre para los atentados ecológicos "made in Junta"
El Gobierno de la Junta de Castilla y León parece no conocer límites en lo que a despropósitos ambientales se refiere.
Domingo 18 de abril de 2010 ·
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Una vez aprobada en las cortes autónomicas la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio (L.O.T.) de Castilla y León, el pasado 26 de marzo a propuesta del Grupo Popular y del Grupo Mixto, toda la ciudadanía va a poder ser testigo de cómo el poder político maneja los resortes y las argucias legales y parlamentarias para extraer, no sólo del control judicial, sino también de la participación ciudadana, la aprobación de proyectos que reiteradamente han sido constestados socialmente y reprobados judicialmente.
Es por ello inevitable el tener que recordar a la "clase" política, que está ahí para servir a la ciudadanía y para someterse ineludiblemente al imperio de la Ley, y no para dedicar todos sus esfuerzos a buscar atajos y subterfugios para lograr objetivos legalmente cuestionables y evidentemente alejados del interés general.
La casualidad ha hecho coincidir en el tiempo dos noticias de distinto signo para la Junta de Castilla y León:
La primera es la aprobación en las Cortes autonómicas de una modificación de la L.O.T., en principio justificada para dar mayor agilidad y rapidez a los instrumentos de modificación del territorio, pero que lo que permite realmente, es aprobar por Ley, en esas mismas Cortes (donde el Partido Popular tiene mayoría), proyectos presentados por los grupos parlamentarios.
La segunda es la desestimación, por parte del Tribunal Supremo, del recurso presentado ante él por la Junta de Castilla y León contra la anulación del proyecto de la Ciudad del Golf, en las Navas del Marqués, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Ambas noticias, que parecen no guardar relación, merecen ser analizadas en conjunto.
El proyecto de la Ciudad del Golf, impulsado por el gobierno de la Junta de Castilla y León, pretendía construir una macrourbanización en un territorio protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y que forma parte del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción.
Los recursos ciudadanos y de los grupos ecologistas consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulase, en 2006, las autorizaciones otorgadas por la propia Junta de Castilla y León al proyecto, por considerar que, con ellas, se vulneraba la legalidad en materia de protección del medio ambiente.
Además, varios responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León continuan imputados en procesos penales por haber autorizado un proyecto evidentemente ilegal.
Pues bien, a fecha de hoy, la modificación de la Ley de ordenación del Territorio de Castilla y León, permite que el grupo parlamentario popular presente ante las Cortes de Castilla y León, el proyecto de la Ciudad del Golf para que sea aprobado parlamentariamente por Ley, eludiendo de este modo y de un plumazo, cualquier control administrativo, ambiental, judicial y de participación ciudadana.
En otras palabras: que lo que diferentes Tribunales han calificado como ilegal, pasa ahora a ser Ley.
Y además no hay cabida para su reclamación ante los tribunales ordinarios. Únicamente el Tribunal Constitucional, al que no tiene acceso la sociedad civil, puede ser quien ponga en entredicho la "legalidad" de esa Ley, si así lo solicita un número no inferior a los 50 diputados nacionales.
Si a esto añadimos los plazos manejados por el Tribunal Constitucional, podemos tener la plena seguridad de que la macrourbanización podrá ser construida, el espacio protegido destruido y el irreparable daño ambiental consumado, antes de que haya ningún pronunciamiento judicial en su contra.
Ni que decir tiene, que otros proyectos, tanto o más lesivos para el medio ambiente, como el proyecto de estación de Esquí de San Glorio -también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al considerar que vulnera la legislación en materia de protección del medio ambiente- puede ahora ser aprobado de un plumazo al ser convertido en Ley.
La magia es un arte reservado para el entretenimiento y el espetáculo y no para imponer unos oscuros intereses políticos por encima del imperio de la Ley. Como sociedad democrática debemos reprobar contundentemente estas conductas de prestidigitación, utilizadas por el poder político que dejan a la ciudadanía huérfana de participación en la cosa pública.
En todo caso, debemos recordar, tanto a los grupos políticos que han impulsado la modificación de la Ley, como a aquellos otros que no lo han hecho, que todo proyecto que anteriormente hubiera sido anulado por los tribunales y que ahora se pretenda aprobar acogiéndose a la varita mágica de la LOT, seguirá siendo tan ilegal ahora, como entonces, ya que en materia de protección del medio ambiente, ni la legislación europea ni la española, han movido un milímetro sus preceptos.