¿EL FINAL DEL TÚNEL?

La fiebre del viento

La Fiscalía de Medio Ambiente amplía la investigación sobre el negocio eólico en Omaña, mientras un juez ya estudia si existe desobediencia por parte de los promotores y un presunto delito contra la fauna

La procelosa batalla social que se libra en las montañas de Omaña para evitar la construcción de una veintena de parques eólicos se encendía esta semana con la polémica derivada de la construcción de la red de aerogeneradores de Valdesamario. Los promotores, según la Junta y las denuncias de varios grupos conservacionistas, han seguido realizando movimientos en las cimas de este territorio pese a tenerlo prohibido desde el pasado 15 de diciembre y hasta el 31 de julio por ser periodo invernal y de reproducción del urogallo, lo que ha desencadenado una cascada de denuncias por la vía administrativa y judicial que incluso han provocado la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Las irregularidades que han detectado los tribunales en la tramitación de varios parques se han ido agravando con el tiempo, de manera que los procesos ya no sólo están siguiendo sólo la vía administrativa -”la totalidad de la veintena de parques proyectados en Omaña y La Cepeda están recurridos en diferentes ámbitos-”, sino que en algunos casos puede derivar en consecuencias penales. La primera piedra está ahora en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de León. Su titular ha ampliado la investigación sobre el negocio eólico de León, concretamente sobre las denuncias relativas a Valdesamario, y la ha completado con los informes remitidos por parte de la Junta de Castilla y León y los efectivos del Seprona de la Guardia Civil para tomar una decisión al respecto.

Fuentes de la fiscalía informaron que ya existen diligencias abiertas por este mismo proyecto: una de ellas en relación a un posible delito contra la fauna que afectaría al urogallo, especie en extinción, y la otra por si constatara «desobediencia» por parte de los promotores, Energías Especiales del Alto Ulla S.A., al no atender los reiterados requerimientos de la Delegación Territorial de León para paralizar los trabajos, como han denunciado los agentes forestales de la Administración autonómica.

La empresa, con cuyos responsables ha sido imposible contactar para este reportaje, ha alegado ante la Junta que no realiza trabajos de construcción, sino de mantenimiento, pero lo cierto es que las diferentes normativas que gravitan sobre este territorio impiden cualquier movimiento hasta el 31 de julio.

Las actuaciones del fiscal delegado de Medio Ambiente en León trascendían la pasada semana, cuando este periódico reveló el interés mostrado por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a estas instalaciones industriales ya sancionadas por la Junta por incumplir la Declaración de Impacto Ambiental y también la Ley de Patrimonio Natural. Con toda la información ya en sus manos, el fiscal de León tendrá que decidir inminentemente si solicita la medida cautelar oportuna de paralización de dichos trabajos en el seno del procedimiento ya abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de León.

El titular de este juzgado también investigó las diligencias ampliadas en varias ocasiones por parte del fiscal en relación a posibles irregularidades en los procesos de evaluación de imapacto ambiental de nuevos parques eólicos por parte de las autoridades y funcionarios de la Junta en León. La denuncia suscrita por cinco grupos conservacionistas (Ecologistas en Acción, URZ, Tyto Alba, Filón Verde y Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica) culpaba a los servicios territoriales de Industria y de Medio Ambiente de «silenciar» en sus expedientes la existencia de especies en extinción, caso del urogallo cantábrico, y asegura que la Junta no obliga a los promotores a cumplir la normativa ambiental y eléctrica. La Junta se defiende asegurando que, como mucho, los funcionarios pudieron desobedecer, pero no prevaricar, al no entregar a la fiscalía toda la documentación que había requerido en torno a las concesiones de parques eólicos.

La otra posibilidad. La segunda piedra está sobre el tejado de la Delegación Territorial. Lo último es que su máximo responsable, Eduardo Fernández, ha solicitado un informe a la Dirección General de Industria para saber en qué términos puede actuar. De momento, hace escasos días ordenaba la paralización cautelar de los trabajos denunciados por sus agentes forestales en Valdesamario e iniciaba un expediente sancionador contra los promotores por incumplir, entre otras normativas, la declaración de impacto ambiental.

Sólo la Delegación Territorial y la Fiscalía de Medio Ambiente tienen en este momento posibilidad de solicitar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que impida la continuidad de todo tipo de trabajos en la zona para no interferir en la supervivencia del urogallo. Todo lo dicho se producía el pasado viernes, cuando la actividad en las cimas de Valdesamario se había reducido notablemente, según informó la Junta. Ayer, día no laboral, lógicamente la actividad era nula, como pudo constatar este periódico.

Piden la revocación de la concesión. Las reacciones provocadas por la nueva polémica aerogenerada en torno al sector eólico han sido rotundas. Los grupos conservacionistas que tramitaron por separado las primeras denuncias contra las instalaciones industriales de Omaña y La Cepeda han presentado estos días una cadena de denuncias en la Junta, la Subdelegación del Gobierno, los juzgados y la fiscalía para que se paralizaran los trabajos ejecutados fuera del plazo legal. Y no sólo eso, SeoBirdlife y Gedemol reclaman a la Junta que revoque la autorización a los promotores del parque Valdesamario, tal y como incorpora la resolución que aprobó el modificado del proyecto.

Fuente: Diario de León: 8 de febrero de 2010

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