Por estos altos somos conscientes desde hace mucho tiempo de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; esas que conllevan la disrupción climática que sufrimos. Somos conscientes además de que la quema de combustibles fósiles tiene efectos negativos sobre la salud humana. No hay discusión: la sociedad necesita transitar hacia el uso de fuentes de energÃa menos contaminantes.
Sà discutimos cómo llevar a cabo ese tránsito: reclamamos que las administraciones públicas lideren el proceso, adaptando la normativa a las nuevas situaciones, y garantizando el mÃnimo impacto ambiental posible. No está ocurriendo asÃ. Ya sea por falta de voluntad polÃtica, por incapacidad, o por ambas, la implantación de las renovables en general y las eólicas en particular carecen de evaluación ambiental adecuada, y de control público. Parece una carrera en pos del mero negocio.
Ante esa situación nos queda recurrir a la justicia. Para solicitar que se cumpla la normativa vigente, para defender la naturaleza que nos queda. Pero como en cualquier otro ámbito de trabajo serio, eso de «ir a los tribunales» cuesta dinero porque requiere la implicación de buenos profesionales. Por eso nos embarcamos en el proyecto que titula esta entrada: una campaña de captación de fondos a partir de pequeñas donaciones, destinada a la defensa jurÃdica ante los megaproyectos eólicos.
